México es considerado dentro de la ciencia política como un
país autoritario, la diferencia sustancial entre el autoritarismo y el
totalitarismo es el sistema político-electoral en sí mismo, mientras que el totalitarismo
se distingue por un sistema político antidemocrático, el autoritarismo lo hace
por un sistema semidemocrático, esto es, no existe un partido único, se permite
la existencia de diversos partidos políticos, incluso de oposición política
pero no existe riesgo de perder el poder por parte de la clase dominante
debido, en su mayoría, al control gubernamental sobre las instituciones y
procedimientos electorales; la finalidad de esto es permitir la organización de
distintas ideas para evitar un levantamiento (asegurando, claro, que por más
partidos opositores que existan, éstos no tengan oportunidad de llegar al
poder) y mostrar ante la comunidad internacional una supuesta democracia al
llevar a cabo elecciones para los distintos cargos.
Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR),
que “institucionalizó la revolución”, se ha mantenido al mismo partido en el
poder hasta el año 2000 (en que ocurrió otro fenómeno político que explicaré
más adelante), surgió como un partido de izquierda, posteriormente, a través
del llamado “Pacto de Solidaridad y Unión”, que fue firmado por diversas
organizaciones, entre ellas la CTM, los mineros y el propio SME (Osorio
Marbán, 1980, pág. 459) se convierte en Partido de la
Revolución Mexicana, finalmente, durante el mandato del general Manuel Ávila
Camacho, se convierte en PRI como partido Catch-All
(mosaico de ideologías); en todo este tiempo sus dirigentes se aseguraron de no
permitir la llegada al poder de otros grupos como los opositores a la
revolución (hoy conocidos como sinarquistas, de una derecha más extremista que
el PAN) o los propios partidos socialistas o comunistas.
En la década de los 80’s, Salinas de Gortari decide dar más
“legitimidad” al sistema semidemocrático mexicano a través de la creación del
Instituto Federal Electoral quitándole así a la SEGOB la capacidad para llevar
a cabo las elecciones, así como oficializar el registro (ante el recién nacido
IFE) del Partido Popular Socialista, si bien, todos sabemos que Carlos Salinas
fue el último presidente priista electo (los ganadores de la elecciones
siguientes fueron Cuauhtémoc Cárdenas (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), y Andrés
Manuel López Obrador (2006-2012)), los miembros de la clase dominante en México
no permitieron la llegada de la oposición al gobierno, al contrario, se
volcaron a apoyar a quienes les convenía de acuerdo a la época, sin embargo
éste conocimiento es para los mexicanos, mientras que en el extranjero, el IFE
garantiza una elección libre y democrática.
En el año 2000 el PRI y su candidato Francisco Labastida ya
no le eran útiles a los dueños de México: los empresarios trasnacionales, ¿Quién
mejor para ayudar a sus fines que uno de ellos?, y ¿Quién mejor que un
empresario de la trasnacional más importante del mundo: la Coca-Cola?, el apoyo
fue para un partido con otro nombre, pero las mismas ideas neoliberales utilizadas
desde Miguel de la Madrid, me refiero a Vicente Fox, del PAN. Después de él, se
apoyó y financió a Felipe Calderón para usurpar la silla presidencial como se
hiciera con Ernesto Zedillo, puesto que la participación de López Obrador como
un líder de izquierda con posibilidades de ganar serviría solo como una fachada
de democracia, pero no se le permitiría llegar al poder. Durante el
calderonato, los empresarios observaron la ilegitimidad del PAN y, para no
arriesgarse a que llegara la oposición comenzaron a financiar, desde años antes
de 2012, al partido que mostraría una supuesta alternancia de poder pero con la
misma política: el PRI y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, logrando
así imponerlo haciendo creer a la ciudadanía que era de los mejores gobernantes
de México (el engaño se hizo más evidente con la campaña desatada en el Estado
de México “Ganando EPN ganamos los mexiquenses”) para asegurar la derrota de la
oposición.
Sin embargo, en una democracia, el gobierno debe reconocer y
respetar la libre asociación y la participación política dentro de las
distintas vías de participación, entre ellas los partidos, los grupos de
presión y los sindicatos, como se observa en países con una democracia más
firme (como Estados Unidos) las organizaciones opositoras tienen el respeto e
incluso en ocasiones el respaldo del gobierno (la AFL-CIO en Estados Unidos o
los medios de comunicación y partidos de derecha en Venezuela), en México, el
respeto hacia las organizaciones opositoras como ASSA, ASPA, el SNTMMSRM, el SME,
entre otros, no sólo no existe, sino que incluso se atenta contra éstas
organizaciones.
Es aquí donde se sitúa el apoyo internacional hacia el
sindicalismo democrático, las organizaciones provenientes de democracias firmes
se han dado a la tarea de desbaratar la cortina de hierro mexicana, de mostrar
ante la comunidad internacional que el gobierno democrático de México es en
realidad un gobierno autoritario (conocimiento que era sólo de los politólogos
internacionales, ahora hecho público para la comunidad internacional), han
demostrado que en México la libertad de asociación y sindicalización es una
mera simulación gubernamental, están acabando con la fachada construida durante
años por los dueños del dinero.
México ha sido considerado como uno de los países en vías de
desarrollo más importantes, con una democracia consolidada, la huelga de la
Sección 64 del SNTMMSRM no implicó un riesgo para el gobierno, debido a que
argumentó legalidad en todos los actos empresariales y gubernamentales, sin
embargo todo esto cambió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en
palabras del propio Calderón “la
extinción de LyFC tuvo un costo político muy alto”, pero este costo no fue
únicamente en las elecciones, sino en toda la cuestión política: el SME
demostró ante la comunidad internacional que la extinción violó las normas
mexicanas, demostró la existencia de un gobierno intolerante, no sólo
autoritario, sino tendiente al totalitarismo, demostró la ineficiencia e
ineficacia de la división de poderes en México (en lugar de funcionar como
frenos y contrapesos como lo propusieron los teóricos de la democracia, los
poderes legislativo y judicial están subordinados al ejecutivo), todo lo cual
no sólo mermó la presencia de México en el contexto mundial, sino que ocasionó
un rechazo generalizado hacia el gobierno mexicano, como lo demostraban las
manifestaciones en todos los países en que Calderón se presentaba.
¿Qué implica entonces, para el PRI, éste apoyo? La respuesta
es simple, ante la comunidad internacional, el proceso electoral de 2012 generó
una alternancia en el poder, muchos mexicanos creen que los resultados
significaron una verdadera alternancia, el PAN es considerado un partido cuasi
- totalitario en diversas partes del mundo y del país, es algo que el PRI (no
como gobierno, sino como partido) debe aprovechar, ha intentado, como se
muestra en algunos discursos de EPN, colocar al PRI como un partido moderno,
respetuoso de las leyes y más tolerante que el PAN, acciones que han
fundamentado en el diálogo con las distintas organizaciones en conflicto, sin
embargo deben asegurarse de levantar de nuevo esa cortina de hierro
semidemocrática, cosa que las actividades realizadas por el SME (desde el
pasado diciembre) han entorpecido.
Menciona el delegado de Argentina en la reunión del pasado
19 de febrero:
“Para quienes tenemos la posibilidad de mirar a México desde
afuera, nos damos cuenta(…) cómo en México ha habido una continuidad de
gobiernos de la derecha, neoliberales, conservadores, que sólo quieren al sindicato
como fuera de la democracia (…)y ustedes, como lo sigue siendo Colombia, como
lo sigue siendo Guatemala, como lo siguen siendo las realidades crueles de
América Latina y América Central, por no hablar de África, por no hablar del
sureste Asiático, son las masas que golpean la puerta de la civilización para
volver a tener un rol protagónico que nunca han dejado ni vamos a dejar que lo
dejen.” (Cortina,
2013)
Eso en sí mismo, demuestra la importancia de éstas acciones
y la necesidad de resolver estos conflictos en base a los deberes de un Estado
moderno, que son básicamente respetar y
garantizar el pluralismo de la sociedad y perseguir fines valiosos: libertad,
paz, orden y justicia; el Estado moderno ya no trabaja con "órganos
gubernamentales y no gubernamentales" sino que debe respetar la estructura
pluralista respetando la libre asociación, como dice ser el Estado mexicano
reestructurado por el PRI, , luego entonces, para demostrar esta pluralidad y
garantizar la paz, el orden y la justicia debe mostrar la existencia de un
Estado de Derecho (que no es más que el sometimiento del gobierno a las leyes),
para demostrarlo, debe revertir la ruptura de éste Estado de Derecho realizada
por los gobiernos panistas, aquí surge una problemática más para el gobierno.
“Si el derecho humano
se violenta, no puede realizarse ninguna acción coercitiva por parte del Estado”
ésta fue la premisa base de la libertad de Florence Cassez, fue violado su
derecho humano a un debido proceso judicial por lo que el Estado no puede
realizar ninguna acción coercitiva contra ella, esto fue sabido por todo el
mundo, sin embargo, las demanda del SAE para dar por terminadas las relaciones
laborales del SME no es conocida por la comunidad internacional, simplemente
fue un laudo de “constitucionalidad” sin violación de derechos humanos, o así
lo quisieron hacer ver; pero surge un grave problema para la administración
entrante: la premisa citada al principio de éste párrafo es la que rige la
legalidad internacional plasmada en distintos convenios de la ONU, de ahí que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien no tiene capacidades
coercitivas hacia los gobiernos, si tiene un peso político inmenso, la queja
del SME ante la CIDH, en voz de diversos abogados con quienes he comentado este
asunto, saldrá a favor del SME, con lo
cual, políticamente se derrumbará no sólo al ejecutivo federal, sino a los tres
poderes de la Unión ante la opinión pública mundial, la reconstrucción del
Estado de Derecho publicitada por el PRI se pone en grave riesgo.
Jurídicamente el SME y el gobierno ya se encuentran en el
mismo nivel para entablar una negociación seria, pero las acciones emprendidas
por la representación sindical han mantenido el jaque realizado al gobierno,
las protestas en las embajadas muestran a la ciudadanía de los distintos países
el bajo nivel de credibilidad del gobierno mexicano, la queja ante la CIDH
demostrará la ilegalidad de los actos del gobierno, que se intentó reconstruir
con la libertad de Cassez, luego entonces, surge la necesidad de evitar las
condenas internacionales y levantar la fachada de democracia ante el mundo
¿cómo? Con un gobierno que “respeta las leyes, la pluralidad y la libertad de
asociación”
La vía política en que se ha centrado la lucha de nuestro
Sindicato va encaminada a presionar al gobierno a través de acciones
político-jurídicas a nivel internacional, el SME demostró entre 2009 y 2012 que
México “ya no era el país democrático de antaño” como lo llegaron a mencionar
en un momento algunas organizaciones extranjeras, el deber del PRI es levantar
la creencia de que la democracia no era falsa en toda la historia de México,
sino sólo durante los gobiernos panistas, por lo cual comenzaron por agregar
personajes de la izquierda en el gobierno (como Rosario Robles y Mario Di
Constanzo), siguieron entablando diálogo con diversos actores políticos y la
firma de un “Pacto por México” en cuya justificación se lee:
“Estoy convencido que la fortaleza del pacto radica en sus
coincidencias, en hallar dentro de la diversidad ideológica y política de
nuestro país la base de un diálogo común. Puedo dar fe de que construir un
acuerdo no es tarea sencilla, formar consensos comienza por establecer
posiciones diferenciadas, encontrar coincidencias y tener disposición para
incorporar posturas ajenas.” (Nuño Mayer, 2013)
Estas acciones están obviamente enfocadas a obtener el apoyo
de la ciudadanía y el reconocimiento de la comunidad internacional, con la
presión ejercida por las organizaciones extranjeras, todo lo que se realiza
tiene un riesgo latente de “venirse abajo”, por lo cual el SME, como el
organizador y objeto del apoyo realizado, se convierte en un problema de
urgente resolución, tanto a lo interno como a lo externo, más aún debido a la
negativa sindical de adherirse al Pacto por México (que en la práctica nulificaría
todas las acciones emprendidas por el SME).
La presión ejercida no va a saco roto, se ha observado la
necesidad del gobierno de resolver el conflicto antes de que salga del país (el
retardo de la SCJN para entregar el engrose a la par de negociaciones
productivas SME-SEGOB), el resultado de todo se verá de acuerdo a la capacidad
de movilización y sobre todo al poder de convocatoria de nuestro Comité Central
encabezado por el camarada Martín Esparza que brinda un elevado nivel de
legitimidad hacia nuestra dirigencia. Se ha enviado al gobierno un mensaje con
la respuesta del Sindicato respecto al laudo de la Suprema Corte de Injusticia:
“No importa que hagan, no nos vamos a ir”,
mientras nos mantengamos movilizados no les queda más que resolver de fondo el
conflicto, y tras tres años de heroica resistencia cualquiera sabe que la única
solución que aceptará el SME será el regreso al trabajo con nuestro Contrato
Colectivo y nuestro glorioso Sindicato.
La declaración de la Alianza Trinacional de Solidaridad es
clara: no se busca únicamente la reinstalación de los 16,599 trabajadores en
resistencia, se busca el respeto a la democracia que debe existir en un Estado
moderno al resolver los problemas de los mineros, de los trabajadores de
Mexicana de Aviación, del SME y los demás actores sociales, es decir, se exige
la democracia y que mejor manera de retomarla que respetando a una de las
organizaciones más democráticas del país, si no es que la más democrática: el
Sindicato Mexicano de Electricistas. Mientras la presión externa e interna no
disminuya, nuestro regreso al trabajo es un hecho.
¡¡¡¡HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE!!!!
¡¡¡¡VIVA EL SINDICATO
MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!!!
Fraternalmente
“Por el derecho y la
justicia del trabajador”
C. Jorge Israel
Barroso Mercado
Mantenimiento
Electromecánico Toluca
Cred. 228012
Nutra. 099036
Trabajos Citados:
Cortina, R. (2013). Participación
en la conferencia de la Alianza Trinacional de Solidaridad. Ciudad de
México: RadioSME.
Nuño Mayer, A. (21 de Enero de 2013). El acuerdo como base de la gobernabilidad democrática | Pacto por
México. Recuperado el 24 de Febrero de 2013, de Sitio oficial del Pacto por
México:
http://pactopormexico.org/el-acuerdo-como-base-de-la-gobernabilidad-democratica/
Osorio Marbán, M. (1980). Revolución y Política. Ciudad de México: Investigaciones Técnicas
Educativas.
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